Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires, promovió una denuncia formal contra el juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, al que la Corte Suprema bonaerense le había impuesto una licencia obligatoria por 90 días al considerar que hubo irregularidades en una resolución del magistrado que terminó con el sobreseimiento del exgobernador Daniel Scioli y su extitular de Loterías, Luis Peluso, en una causa de 2009.

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El jefe de los fiscales bonaerenses presentó formalmente la denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, que depende del Senado provincial, que ahora deberá evaluar si existen elementos para iniciar un posible juicio político contra el Juez.

En el caso de que el proceso obtenga luz verde, podría volver a investigarse el comportamiento de ambos funcionarios. Lo que se sospecha es que hubo una 'cosa juzgada írrita', es decir, que se cometieron serias fallas en la sentencia de Masi, que favoreció a Scioli y Peluso.

El expediente

La causa por la que Masi está en la mira se inició en 2009, cuando Ricardo Piragini denunció al entonces interventor del Instituto de Loterías y Casinos y al exgobernador por el crecimiento de sus patrimonios. El 8 de septiembre de ese año, el Juez estableció que debía acumular la causa ya que tenía bajo su órbita otro expediente en el que se investigaba a Peluso y su familia por supuesto enriquecimiento ilícito.

El magistrado argumentó que estas maniobras 'exigían complejas investigaciones' para determinar la responsabilidad de los denunciados. Sin embargo, menos de 24 horas después Peluso pidió su sobreseimiento y solo 13 días luego el magistrado desvinculó de la causa al exfuncionario y a Scioli. En cercanías a Masi niegan irregularidades y vincularon la denuncia con el proceso electoral.

'Surge la imperiosa necesidad de adoptar acciones de carácter urgente que permitan evitar la repetición de nuevos hechos reprochables', indica la resolución que suspendió al magistrado, a la que accedió TN.com.ar.

Para la fiscal Cecilia Corfield se trata de una 'resolución fraudulenta que resulta imperioso sea revisada en virtud de la doctrina de la cosa juzgado írrita'. Los hechos descriptos se enmarcan en los delitos de prevaricato. En esta misma causa está investigado el exfiscal General Adjunto de La Plata, Gustavo Lambruschini, por el delito de 'incumplimiento de los deberes de funcionario público'.

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Fuente: TN >> lea el artículo original